Sunday, November 27, 2016
Inauguración de galería de arte y plazoleta artesanal
Una muestra de pintura, escultura fotografía, vitrales y artesanías de varios artistas se exponen en el salón del primer piso de la Casa de Nariño, en Sesquilé.
En la plazoleta está ubicada una muestra de las Artesanías de Chaleche, que acaba de celebrar 45 años de fundación, el pasado 11 de noviembre y los trabajos en talla de madera de Carlos Quintero con imágenes representativas como el Templo Parroquial, la Capilla Colonial y la Laguna de Guatavita.
La apertuda de la 'Galería artística y la plazoleta artesanal' tuvo lugar el pasado 22 de octubre, con presentación de la Banda Municipal y es coordinada por Marta Helena Matallana.
Tuesday, November 22, 2016
Marido de Jueza de Sesquilé también amedrenta
Con comentarios por las redes sociales, Freddy Castro Victoria, cónyuge y
apoderado de la Juez de Sesquilé, amedrenta a las personas en su libre
expresión.
Por Aldemar Solano Peña
Director periódico Garabatos
Algunas personas de Sesquilé que
comentaron la publicación del periódico Garabatos del pasado 12 de noviembre: Denuncian acoso y matoneo por parte de Juez de Sesquilé, se vieron obligadas a eliminar sus comentarios en Facebook
porque se sintieron amedrentadas por Freddy Castro Victoria, cónyuge de la Juez
y quien dice actuar como su apoderado.
«La invito a que cuide su
lenguaje antes de proferir improperios por esta via que para su conocimiento
serán sometidos al conocimiento judicial», respondió Castro (sin tilde en vía) a uno de los comentarios de una de
las personas que se pronunció sobre el caso de la Juez.
Con este tipo de comentarios, el
abogado Castro se atrevió a coartar la libre expresión de personas del común
que tienen derecho a ejercerla desde su opinión personal y con sus propias
palabras. Se vale del argot jurídico para atemorizar a un pueblo, por
idiosincrasia temeroso de la denuncia y de la misma Justicia, cuando es deber
de los que la administran promover el ejercicio de las herramientas legales y
constitucionales y hacerlas cumplir
donde quiera que haya arbitrariedad.
También le queda muy poco ético
al señor Castro Victoria amenazarme en mi perfil personal de Facebook, cuando
sobre una publicación de un compromiso por cumplir en la ciudad de Armenia
escribe: «Pronto de regreso ya sabe a
qué» ¿A qué abogado? No sé a qué se refiere. ¿Me está amenazando? Sin embargo, para
que no alegara que huí de la población le contesté: «La señora
Juez tiene mi número y estuvo parada frente a mi casa el miércoles en la mañana,
tuvo la oportunidad de atenderme y dar su versión que con gusto estuve presto a
escuchar, pero si prefiere el desgaste burocrático en la Fiscalíia, que no ha
resuelto el robo de los cuadros del Templo, ni los homicidios de Muerte ni del
fundador de la “comunidad muisca” etc… pues que así sea.»
A lo anterior el señor Castro
Victoria agregó: «Se le informó que acudiera a la Oficina Jurídica y de Prensa
del Consejo Seccional de la Judicatura quienes tienen la competencia para
atender a personas que como usted ejercer la profesión del periodismo y usted
no lo hizo y en contrario requirió respuestas sin que usted este revestido de
capacidad jurídica frente a un servidor público…»
En esa afirmación miente el señor
abogado. ¿Cuándo me informaron sobre eso? ¿Quién se supone que me informó? ¡Muéstreme
el recibido! No mienta, abogado. Esa es una costumbre muy fea. Además estoy
seguro que en los despachos que él menciona no tienen respuesta al presunto
matoneo hacia los escribientes ni sobre los improperios que al parecer pronunció
su cónyuge contra el Municipio, según las denuncias en su contra.
Está muy equivocado el abogado
Castro Victoria al suponer que debo ostentar alguna investidura para hacer
preguntas. Ese es mi oficio: preguntar. Y como ciudadano puedo opinar. Y como
sesquileño me siento llamado a defender a mis paisanos y la honra de mi pueblo.
Esa investidura me la da la libre expresión y la búsqueda de la verdad como ser
humano que habita en este país y en este planeta. Aunque lejos de ser óptima,
estamos en una democracia y no en una dictadura.
En cuanto al subrayado del quinto
párrafo anterior, le pregunto a la Juez: ¿Qué hacía parada frente a la casa de
mi familia la mañana del miércoles 16 de noviembre? ¿Por qué no tocó el timbre?
¿Por qué observó hacia adentro e inmediatamente se alejó e hizo una llamada por
su celular? El testimonio de la persona que la vio puede servirme como prueba
de un acoso, de persecución o posibles represalias contra mi familia. ¡Eso
puede ser de mucha gravedad!
El profesional de las leyes,
Freddy Castro Victoria puede llamarme «amorfo y neófito del derecho», no lo voy
a negar, lo soy. No estudié Derecho, profesión que respeto porque conozco a
muchos que la ejercen con ética, pero me valgo del sentido común, del uso de
razón, de la sed de conocimiento y de una búsqueda constante de lo más cercano
a la verdad para actuar en mi oficio y tratar de construir un «buen nombre» que
al final de mi existir será lo que deje.
Y sí, estimo que la justicia no
funciona, no es diligente y no es justa en muchos casos. Lo invito a que compre
y lea mi libro: Boleta de Captura, el
fiasco de la Fiscalía (2011), allí hago una exposición suficiente. Son incontables los casos en Colombia para
demostrarlo: desde Gaitán y su defensa en el caso del periodista Galarza Ossa
hasta el asesinato de Jaime Garzón. ¡Impunidad constante!
El señor Castro Victoria debería
conocer, como presume de sus estudios en Derecho, que a un ciudadano que ejerce
el oficio de la información se le debería responder con argumentos a las
preguntas sobre las acusaciones que terceros confiaron (bajo la reserva de la
fuente), para lo que le recomiendo releer o conocer, si aún la desconoce, la
Sentencia T-298/09 sobre los deberes constitucionales de los Medios de
Comunicación, que recalca: «cuando una persona ha decidido voluntariamente
convertirse en un personaje público o cuando tiene el poder de administrar de
alguna manera el poder del Estado, tiene el deber de soportar mayores críticas
y cuestionamientos que una persona del común que no ostenta poder público
alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio público».
Amedrentamiento
En cuanto a algunos de los comentarios
de Castro Victoria en las redes sociales le indico lo siguiente para que
aumente su conocimiento, que finalmente eso es lo que diferencia nuestro
cerebro del de los demás seres vivos:
«No ser abogado hace facil la
tarea del periodismo». A fácil le
hace falta la tilde, ser abogado debería hacerle fácil la tarea de redactar correctamente, además le informó que para ejercer la tarea del periodismo
no se requiere título de Derecho, ni siquiera Tarjeta Profesional pues en Colombia «se considera como una
actividad de libre ejercicio, por lo que su desempeño no requiere del
cumplimiento de requisitos específicos o de la expedición de tarjetas o de
licencias para tal efecto.», según el concepto Jurídico 513825.
Le recomiendo al abogado Freddy que
revise el Estatuto del Periodista, que
reemplazó la Ley 51 de 1975, que con ponencia del magistrado Carlos Gaviria
amparó así la libertad de prensa. En cuanto a la idoneidad y a la ética que a
me obligan, tengo para respaldarla con 18 años de experiencia de irreprochable
ejercicio de este oficio que es mi pasión de vivir y del que pueden dar fe los
medios que me han permitido ejercerlo.
El abogado y su cónyuge, esposa o
compañera permanente y defendida no pueden alegar populismo, ni siquiera
interés particular o económico de mi parte pues, en primer lugar los
denunciantes no son allegados míos, ni siquiera paisanos o residentes en el Municipio
y mucho menos recibo pauta publicitaria en el blog Garabatos, o pasquín como lo considera, como antes sí se
hacía como medio impreso.
Esta aclaración debe ser tenida
en cuenta por la autoridad competente sobre la actuación de la funcionaria,
sea la Sala Disciplinaria del Tribunal
de Cundinamarca o a quien le corresponda, para que no sea incriminado el medio
de comunicación que pone en evidencia una presunta falta a la actuación ética
de una servidora pública, sino que se escuche a los afectados que buscaron a
este medio para manifestar su vulneración y se proceda a investigar y a velar
por la defensa de sus derechos.
Castro Victoria se contradice al responder
a un comentario de una ciudadana: «consulte
al periodista aldemar solano peña» (en minúsculas) y a renglón seguido agrega: «Quien debe
probar ante las autoridades judiciales el presunto matoneo y acoso laboral que
denuncia irresponsablemente”.
En esta afirmación el abogado determina
irresponsabilidad de mi parte desconociendo mis fuentes, documentos o soportes
con los que protejo mi profesionalismo, por lo que claramente está incurriendo en el
delito de calumnia. Es él el que debe probar que la publicación es
irresponsable y no revertir la carga de la prueba al ofendido. Lo invito a que
revise sus apuntes universitarios sobre el onus
probandi.
Ahora, cuando usted se notifica
mediante un comentario público a través de las redes sociales, con su nombre,
cédula y Tarjeta Profesional, «obrando en representación judicial según poder
otorgado» por su cónyuge y me cita a una «reunión extrajudicial», de inmediato
me da la razón en la solicitud que le hice a la señora Juez en su despacho con
antelación a la publicación de la nota, que tenía como propósito conocer su
versión de los hechos. Es decir, la Juez se rehusó a recibirme y ahora que
estoy a más de 300 kilómetros de distancia me acusa de no asistir a una reunión
donde asume que debí revelar mi discreción profesional.
Se confunde el abogado en el
ejercicio de su profesión al citarme por redes sociales a una reunión
«extrajudicial» que carece de carácter de obligatoriedad y al considerar que le
revelaré la reserva que me ampara la Ley, más sagrada que el secreto de
confesión, pues el miedo de los denunciantes a las represalias es latente,
máxime si algunos de ellos ya recibieron llamadas de la implicada tras la
publicación; soportes que solo en última instancia demostraré ante la autoridad
superior disciplinaria de su defendida y con acompañamiento de la Fundación
para la Libertad de Prensa.
En este punto, además de atropellar
el arte de la redacción, Castro Victoria comete el delito de injuria al
reprochar mi actuación: «instancias que usted omitió de manera irregular e
ilegal consultar, para cumplir con su papel de periodista, sin invadir derechos
personalísimos tutelados por la constitución política, la Corte Constitucional
y los tratados constitucionales, como el respeto a la dignidad humana, que el
periodismo no puede conculcar o violentar suplantando como particular funciones
asignadas a las autoridades de la república…»
No le voy a dar clases de
redacción gratis al profesional Castro, por eso me tendría que pagar, pero en
lo que logro deducir de ese escrito mal redactado y sin mayúsculas, parece que
apoyara la idea de que solo su cónyuge, como funcionaria de la República (con
mayúscula) es la única que puede valerse de su autoridad para invadir los
derechos de sus empleados y de irrespetar su dignidad humana.
En cuanto al buen nombre, la
funcionaria debió preservarlo en todo momento. Incluso en el trato hacia sus
escribientes, pues en síntesis, en eso consiste la denuncia de la publicación
del pasado 12 de noviembre. ¿Cómo puede un funcionario exigir «buen nombre» si
varios testimonios dan cuenta de lo contrario? El buen nombre no se exige con
tutela, se gana con una trayectoria intachable y un comportamiento ejemplar como
ser humano y eso es lo de lo que al parecer carece la funcionaria, según los
ofendidos.
No me invierta la carga de la
prueba, abogado Castro Victoria. No me devuelva los cargos de matoneo, de
vulneración de derechos y de intromisión en la vida privada, que según las
denuncias, es su defendida la que ha cometido todas estas faltas. No silencie
la búsqueda de la verdad, no amedrente con argot leguleyo mal redactado el
ejercicio de la libertad de expresión y el anhelo de la verdadera justicia.
Eso no le queda bien a un
defensor, titulado y con tarjeta profesional como a usted. ¿Qué dirán sus
decanos? Otra de las acusaciones, que omití en la publicación, es que usted
hace uso de las instalaciones y los equipos del Juzgado de Sesquilé. Eso no es
ético, señor profesional. Eso se llama peculado, abogado.
Amenazas
El abogado Castro debe demostrar que su
defendida «ha recibido agresiones e improperios contra su honra», como al parecer los
cometió contra sus escribientes, aunque conociendo la tranquilidad de los
sesquileños dudo de la veracidad de su afirmación. Mis paisanos no tienen
espíritu belicoso, de lo contrario, se hubieran manifestado con carteles a las
afueras del despacho exigiendo el traslado de su defendida. Es lo más honroso que podría hacer.
Es más, le informo que a raíz de la publicación, son muchos más los que se
acercaron a expresarme su inconformismo con el actuar de la servidora pública, que devenga del erario que se alimenta con el pago de los impuestos de la gente trabajadora.
Manifestaron que muy pocas veces acude al despacho y que es usted el que «hace
y deshace» en la oficina en la que ella funge como titular.
Esta pareja de representantes de
la Ley pareciera ser una muestra del deterioro de la confianza del ciudadano
del común en las instituciones, especialmente en la Justicia en un país sediento
de este principio que ha sido anhelo de la civilización a lo largo de la
historia.
Tutela
El pasado lunes, 21 de abril, fui
notificado telefónicamente por una mujer que aseguró ser la secretaria del
Juzgado de Chocontá, de la admisión de una tutela en mi contra, que al parecer
allegarán a la residencia de mi familia en Sesquilé y a la que deberé dar
respuesta en menos de tres días aunque a la fecha no la conozco.
Le aclaré a la secretaria que no
tendré la posibilidad de acceder a esos folios si el aparato judicial no se
encarga de hacérmela llegar hasta el lugar donde resido, en Pereira, Risaralda,
pues no es deber de mi familia entrar en gastos o diligencias que le competen
al Estado.
Por cuestiones obvias de
seguridad y luego de constatar el amedrentamiento ejercido por el abogado
Castro Victoria a través de las redes sociales, no me siento en la confianza de
suministrar la dirección de mi residencia.
Por último, considero inconcebible
que los recursos del Estado se ocupen de manera expedita en la defensa del
«buen nombre» de la representante de la Justicia en Sesquilé, sin que prime la
investigación de las acusaciones en su contra y no ejerza la misma agilidad y
transparencia con casos urgentes para la resolución de conflictos o delitos
graves a los que acude a diario el ciudadano del común.
Monday, November 21, 2016
"Se falta a la moralidad pública", dice el Personero sobre casos en el Hospital
“Es un contrato muy leonino para los derechos de los trabajadores”, dice el Personero.
 |
| Luis Alberto Restrepo Valencia, personero de Sesquilé |
El Personero aclaró que su despacho no tiene competencia sobre el Hospital, pero en su deber de abogar por los derechos humanos indicó que el contrato es leonino (injusto y abusivo) e intermedió para que no se vulneren desde el mismo Estado.
Sin conocer que son veinte o más las personas afectadas por
el cambio de modelo de contratación en el Hospital San Antonio, el personero de
Sesquilé, Luis Alberto Restrepo Valencia, tuvo conocimiento de tres de los casos
y descubrió que ni siquiera era una
vinculación laboral sino a través de una figura de contrato sindical,
legalizada en el Código Sustantivo del Trabajo.
“Un sindicato a través de su representante legal contrata
con la entidad, en este caso la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé, para
prestar servicios y lo hace a través de personas que no son trabajadoras ni del sindicato, ni del Hospital, solo como lo
denomina la norma y lo confirma la Corte en la sentencia C457 de 2011, que son afiliados participes, cosa que riñe
contra todos los derechos del trabajador porque entonces ya no tienen
protección de la norma sustantiva del trabajo”, expresó el Personero.
Aseguró que es una situación preocupante para la Personería porque tras una reunión con la Gerente,
ella manifestó que el rendimiento no era el mismo y se mostró inconforme con el
cumplimiento del aseo, a lo que el Personero cuestionó: “¿por qué a unas personas que llevan hasta más de treinta años sirviendo
y físicamente bien, proactivas, a las que se les ve el interés y el amor por el
trabajo, de la noche a la mañana cambiaron su actitud en palabras de la señora
gerente?”
El personero Luis Alberto Restrepo le recomendó a la
Gerente, Sonia Piedad Montero Díaz, que cuando
se hicieran este tipo de contrataciones “se le avise previamente a las personas
que van a asumir las funciones y sobre todo explicar en detalle las implicaciones
jurídicas que acarrea este contrato sindical, sobre todo en cuanto a la pérdida
de derechos laborales que ya no los reconoce como trabajadores sino como un
afiliado participe que prácticamente puede ser cualquiera y la representante
legal le dice váyase cuando quiera, no hay despidos sin justa causa, ni indemnizaciones.”
El abogado Restrepo aclaró que el Hospital no es sujeto
disciplinable de la Personería Municipal, pero a manera de concepto dijo que “se está faltando un poco a las obligaciones
de moralidad pública, que deben tener los servidores con ciertas investiduras”.
El representante del Ministerio Público indicó que al momento de cambiar de figura de
vinculación de las personas, lo mínimo que se puede hacer es comentarle en
idioma entendible las implicaciones y lo que van a perder como trabajadores
cuando se cambia a la figura de contrato sindical.
“Estamos faltando a la verdad o dando verdades a medias que frente a la
moralidad pública no está bien visto”, insistió.
Por último, el abogado de los sesquileños aseguró que los afiliados
(trabajadores) del Hospital tenían más garantías como prestadores de servicios que
ahora con este contrato sindical.
Restrepo reconoce que la norma cuenta con examen
constitucional, máximo organismo calificador, pero cuestionó que no se ajusta a
la realidad del país. “La ministra Clara López dijo que -quien debe entrar a
legalizar y debe dar ejemplo es el Estado, porque está omitiendo obligaciones
laborales a través de esas figuras leoninas que afectan los intereses de los
trabajadores-. Si nosotros como Estado
no garantizamos el cumplimiento de las normas laborales y la protección de los
trabajadores conforme a los tratados internacionales de la OIT, suscritos y
avalados por Colombia, pues cómo vamos a exigirle a la sociedad civil que
cumpla las obligaciones con sus trabajadores?, estaríamos frente a un estado de
doble moral”, dijo el Personero.
Sunday, November 20, 2016
La politiquería se descaró con el Hospital de Sesquilé
A la fecha han sido retiradas 20 personas, una de ellas a menos de 10 meses de su jubilación. La actual gerencia cambió la modalidad de contratación que los deja sin condición laboral y como simples afiliados de un sindicato, sin derecho a reclamos.
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| Los trabajadores o "afiliados" al Hospital tuvieron que pagar $80 mil por la chaqueta que lucen en la foto, durante la visita del Gobernador. Foto: suministrada. |
20 personas que laboraban en el Hospital San Antonio de
Sesquilé fueron removidas de sus funciones durante la presente gerencia y sin
derecho a reclamar porque ya no son trabajadores sino “afiliados participes” como
lo dicta la nueva forma de contratación impuesta: la figura de contrato
sindical. Lo peor es que está avalada por la Ley.
El caso más notable es el de María Florinda Pinzón,
Marujita, que trabajó por más de 26 años al servicio del Hospital y fue
retirada a solo 10 meses de solicitar su jubilación y a menos de un año para el
retiro por edad.
Ella junto con Marcela Mellizo, con 10 años de trabajo, y
Francy Mellizo, con tres, fueron retiradas porque se les olvidó hacer aseo después
de todo ese tiempo de mantener limpias las instalaciones de su segundo hogar, según
los motivos para el retiro por parte de la gerente Sonia Piedad Montero Díaz.
Los desvinculados relatan que la gerente llegó con mala
actitud, con acoso laboral y actitudes de humillación, recorte salarial y promesas
incumplidas. “Se acabó el ambiente laboral sano”, dicen. La mayoría denuncian que
fueron reemplazados sin previo aviso, obligados a trabajar un fin de semana
gratis, les recortaron el pago y les hicieron descuentos como si se tratara de
una feria de “logros alcanzados” en los que se juega el sueldo, cuando a la vez
les negaron el suministro y la dotación de implementos para ejercerlas.
“Para la visita del Gobernador
(30 de julio) nos exigieron limpiar lo más visible con hipoclorito y el resto
con jabón porque no alcanzó para más, luego fotografiaron lo que no quedó bien aseado
y lo usaron de prueba para demostrar que no éramos eficientes”, dice una de las
afectadas de servicios generales.
Aseguran que la gerente Montero Díaz le cerró la cara en la
puerta a uno de los muchachos que le rogó para que no lo despidiera y dio la
orden de prohibir el ingreso al Hospital a los desvinculados.
Según describen los “exafiliados”, como en un reality
comenzaron a grabar todo con celular para llenar los informes, incluso grabaron
el llanto de uno de los trabajadores cuando supo que fue despedido. “La gerente
habla de implementar un programa de Humanización y ni siquiera sabe lo que eso
significa, no la aplica con el personal”, manifestaron los denunciantes y sostienen
que la gerente afirma que: “no le tiene miedo a los concejalitos del pueblo”.
Este medio quiso conocer la explicación de la gerente, pero
después de un largo rato de espera y de dejarle nuestro contacto para ser
atendidos no fue posible por sus múltiples ocupaciones.
Además del aumento de trabajo y la reducción de los
honorarios, los nuevos trabajadores o “afiliados” son conminados a comprar una
chaqueta que cuesta 80 mil pesos y a pagar 14 mil pesos del carné, contrato que
tiene la hermana de un servidor municipal y a la que, al parecer, le estarían
diligenciando otro como “afiliada” del Hospital. ¡Un muy mal ejemplo de nepotismo
sobre la vulneración de los derechos de los trabajadores!”
 |
| Sonia Piedad Montero Díaz, gerente del Hosítal San Antonio de Sesquilé. Foto tomada de internet. |
Contrato sindical
A pesar de las denuncias constantes sobre las injusticias y
abusos de las cooperativas de trabajo asociado el Gobierno continúa permitiendo
el deterioro de las condiciones de los trabajadores, que como en el
Hospital de Sesquilé ya no pueden ostentar ni siquiera esa calidad sino la de
simples afiliados, sin contrato, sin derechos, sin nada.
Desde el 12 de abril pasado, la gerente Montero Díaz contrató
con la Asociación Nacional Sindical Gremial de Trabajadores Asociados de las
Cooperativas de Trabajo Asociado, Asocta, con NIT 900.532.715-5 con el fin de
remplazar a los empleados “por las cuotas burocráticas que debe cumplirle al diputado Edgar Mayorga”, según comentaron varios de los que
participaron en el pasado proceso electoral y que por obvias razones piden la
reserva de su identidad.
Al parecer los desvinculados no fueron informados del cambio
de vinculación laboral, todos siguen hablando de prestación de servicios con una
cooperativa cuando en realidad fueron pasados como afiliados a un sindicato: “De
Asocta nos hablaron maravillas, nos pintaron pajaritos en el aire, que nos
darían bonos, servicios médicos, descuentos, tablets y hasta nos prometieron una gafas Ray-Ban y al final no
cumplieron con nada, nos sacaron y todavía nos deben el último sueldo”, denunciaron
a este medio. A una de ellas le deben desde hace seis meses.
En el caso de los servicios generales aseguran que la
señora Magnolia Karín Feria Bello "de la Cooperativa” les explicó que “el pago era por servicio y no
por horas” y tuvieron que cumplir con todos los oficios en solo cuatro horas al
día, por lo que en octubre solo recibieron 300 mil pesos de sueldo, salario,
honorarios o como le llame la ley ahora.
“Las afiliadas participes responsables de las áreas
operativas vienen de conformidad a la entrega de sus informes teniendo inconsistencias
y por ende hemos venido ocasionando un perjuicio a la entidad hospitalaria por
lo anterior se realizó un descuento del 10% del servicio.”, explica el acta que
resultó de la citación de la Personería Municipal para conocer el conflicto.
Las trabajadoras o “afiliadas” recibieron capacitaciones que
la Asociación no les permitió aplicar porque las acomodaron a los presupuestos del
contrato No. 116 que, según indicaron, “se encuentra en estado de liquidación
por agotamiento presupuestal”, cuando a su vez el contrato más reciente, suscrito el pasado 3 de octubre, por concepto de "Prestación del servicio parcial en el área
asistencial y por brigadas de aseo general y desinfección de superficies de la E.S.E.
Hospital San Antonio de Sesquilé" tiene un monto de 30 millones 274 mil 320 pesos".
Tras la reunión con la Personería se comprometió a devolver los 80 mil pesos, pero reprochó a las afectadas por la valentía de haber denunciado ante ese ente defensor de derechos.
Tras la reunión con la Personería se comprometió a devolver los 80 mil pesos, pero reprochó a las afectadas por la valentía de haber denunciado ante ese ente defensor de derechos.
Además de sacar a las personas que amaron durante años su vínculo
con el Hospital San Antonio sin consideración, el personal afirma que así mismo
se deshicieron de una máquina para procesar agujas, que no se usó y costó más de
20 millones de pesos, una procesadora de rayos adquirida hace menos de tres
años, equipos biomédicos dados de baja en el Plan Martillo, y camillas, máquinas de escribir, computadores, colchones,
colchonetas, y 60 pupitres todos tirados al lote contiguo, a la intemperie. “Esos
pupitres los cuidamos como si fueran nuestros porque allí nos reuníamos y celebrábamos
las fechas especiales”, dijo una de ellas.
Como si fuera poco, aseguran que el oficio que antes hacía
una sola persona ahora ha aumentado a tres, cuatro y hasta cinco, por lo que se
ve un hacinamiento en las oficinas, en su mayoría con personal foráneo,
desconociendo al personal capacitado del Municipio.
Politiquería y corrupción
Detrás de todo esto está el manejo politiquero que se tomó a
las instituciones públicas en todo el país desde hace tiempo, pero que ya llegó
a niveles indolentes de contratación.
Los trabajadores, prestadores de servicios y ahora “afiliados”
se sometieron al deterioro de sus condiciones laborales por la necesidad de
trabajo a través de las figuras de intermediación laboral que los congresistas decretan
para los trabajadores mientras ellos reciben incrementos, primas y otros
beneficios extralegales como es la repartición de la torta burocrática;
condiciones que respaldan las Cortes y aprueba y aplica el Estado.
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El diputado Edgar Mayorga acompañando al actual gobernador
Jorge Rey durante su campaña.
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Contratación con sindicatos
Según el Mapa de riesgos contractuales y presupuestales de
los territorios de la Auditoria General de la República, emitido en octubre de
2015, la contratación con las cooperativas de trabajo asociado y similar que se
utiliza para vincular personal misional permanente se encuentra prohibida desde
la expedición de la ley 1450 de 2011, de conformidad con el contenido de la
sentencia c-901 de 2011.
“Al respecto, vale la pena llamar la atención del aumento
significativo de esta clase de contratistas, toda vez que se podría ver
comprometida la razón de ser de los sindicatos en su actuar teniendo en cuenta los
vínculos contractuales con las entidades territoriales el total de la
contratación es de 2843 contratos por $743.139.946.848.”, dice el informe.
El mismo advierte que Asocta es una de los 154 “sindicatos”
que hay en el país y que en particular recibió 17 contratos durante este año
por valor de 2 mil 515 millones 999 mil 997 pesos.
Así mismo reveló que el aumento de la contratación directa
en Cundinamarca aumentó en 81% (21% más frente al 2014) mientras la licitación
pública disminuyó en un 12% (-13%) con lo que se incumple con el principio de transparencia
en el gasto público.
“Desdibujar el verdadero sentido de la contratación directa
como en efecto está sucediendo, conlleva riesgos que afectan la debida
modalidad de contratación, transparencia, pluralidad de oferentes y por supuesto
podrían aumentar el valor de los contratos. Este aumento genera por ende que la
modalidad de licitación pública año a año disminuye contrariando todos los
principios de la selección objetiva.”, dice el reporte de la Auditoría.
Es irónico que se desmejore el pago al personal y la
racionalización de los recursos, cuando la rendición de cuentas del hospital de
mayo de 2015 indicó que la ESE superó las metas de facturación por venta de
servicios de salud en un 29%. “En efecto, a 31 de diciembre la entidad ha
facturado por concepto de venta de servicios de salud, la suma de $ 2.461
millones frente a una programación inicial de $1.914 millones. La facturación
total por ventas de servicios de salud registradas en el año 2014 creció un 12%
frente al del año 2013. En todos los conceptos se presenta un incremento, con
excepción de los servicios a la población pobre no afiliada –PPNA – RECAUDOS.
Igual lo es el objetivo de racionalización del gasto como
parte del plan de gestión del riesgo cuando en estos se comprometió el 85% del
presupuesto definitivo, la ejecución de funcionamiento llegó al 87% y el rubro
con mayor nivel de ejecución fue el de gastos de operación comercial cuyo
presupuesto se ejecutó en un 97%.
Conozca en la próxima publicación el
pronunciamiento de la Personería Municipal sobre este caso.
El hospital tiene más de 75 trabajadores o “afiliados” y 19 trabajadores de planta para atender 22 dependencias y 19 camas.
Retirados:
1 Fabián Bohórquez, Talento humano
2 Daniel Remolina, Sistemas
3 Liliana Muñoz, secretaria
4 Marcela Romero, psicóloga
5 Yerli Tabares, Referencia
6 Johnatan Gamba
7 Josué Forero, glosas
8 Orlando Moreno, jurídico
9 Ivón Vargas, planeación,
10 Nelson Mancera, referencia
11 Patricia Latorre, glosas
12 Yolanda Prieto, área de contratación
13 Cristina Muñoz, fisioterapeuta
14 Germán Iván García, jefe de enfermería
15 Miguel Ángel Rojas, auxiliar de enfermería
16 Angélica Ríos, servicios generales
17 Hernán Piñeros, ingeniero de sistemas
18 María Florinda Pinzón
19 Claudia Marcela Mellizo
20 Francy Mellizo
Friday, November 11, 2016
Ciudadanía reclama servicio de motocarros
Los pasajeros observan las normas como absurdas y piden que se acomoden a sus necesidades.
 |
| Celestina Zambrano |
La señora se quejó porque los
motocarros tienen prohibido recoger pasajeros por el casco urbano y a ella le sale
más económica la carrera en esos vehículos que en un taxi. “Es un atropello del
alcalde”, dijo coincidencialmente frente a la casa del mandatario, donde escampó.
“Cuando llueve los taxis no dan
abasto porque apenas hay ocho y no podemos llamar a un motocarro porque los
multan”, dijo otra ciudadana.
Los turistas, cansados de viajar en taxi, han querido hacer uso de ellos, pero los conductores no pueden prestar el servicio, incluso una mujer en condición de discapacidad le interpuso un derecho de petición a Asotranstominé para poder transportarse en estos vehículos y ni así fue posible.
Los turistas, cansados de viajar en taxi, han querido hacer uso de ellos, pero los conductores no pueden prestar el servicio, incluso una mujer en condición de discapacidad le interpuso un derecho de petición a Asotranstominé para poder transportarse en estos vehículos y ni así fue posible.
Asotranstominé se abstiene de servirle a la comunidad porque la resolución municipal (032 de 2014) se lo prohíbe, pero además, según ellos, ha sido malinterpretada por las autoridades porque les han impuesto alrededor de ocho multas de manera injusta: a uno de los conductores por llevar a sus hijos hasta el Colegio Departamental mientras que una buseta de Transcovadonga pasó con 18 para el Cooperativo cuando la Ley exige vehículos de transporte especial para los estudiantes, otra por entrar al interior de una propiedad para descargar un mercado, otra por un supuesto “cambio de ruta” al dejar a un pasajero frente a una empresa de flores, por “salir de la jurisdicción” al usar el retorno de la autopista y, la más reciente, por avanzar un poco entre las calles del pueblo para recoger a un pasajero para que no se mojara porque llovía.
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Dentro del casco urbano, los motocarros de Asotranstominé solo pueden cubrir casos de urgencias al Hospital |
¿Atropello?
Garabatos indagó que en realidad la Administración Municipal está cumpliendo al pie de la letra con la Resolución que permitió la
operación de los motocarros en agosto de 2014 y que estableció solo cuatro rutas:
Boitá, Gobernador, Nescuatá y el sector de La Playa en los horarios de 5:00
a.m. a 9:00 p.m. aunque la tarjeta de operación dice que su radio de acción es
municipal e interveredal.
El problema radica en que la Administración anterior permitió las rutas por todo el municipio a pesar de que fue la que elaboró la mencionada Resolución. Sin embargo, por encima de esta norma está el Decreto 4/25 que establece un punto de acopio para este tipo de vehículos en el país, por lo que tampoco podrían prestar el servicio dentro del casco urbano.
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Mientras a los motocarros de Asotranstominé le han impuesto 8 multas a
Transcovadonga le permiten el transporte de estudiantes.
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Pelea política
Es un secreto a voces que existe
un trasfondo político pues el anterior presidente de Asotranstominé apoyó al
candidato rival a la Alcaldía y se comenta también la presunta inconveniencia
de que el señor Jesús Sarmiento sea concejal y a la vez presidente de
Transcovadonga, lo que al parecer determinaría la presión que las autoridades ejercen sobre los conductores de los motocarros.
Giovany Márquez preside la asociación
de motocarros desde el pasado mes de abril y asegura que aspiran a cubrir
nuevamente las rutas a todas las veredas una vez se modifique la Resolución
cuando se renueve la licencia en marzo de 2017.
La empresa mantiene la accidentalidad en cero, está implementando el Plan de Seguridad Vial, todos sus conductores han recibido curso de primeros auxilios y, según Márquez, es la primera empresa certificada por el Sena en alistamiento de vehículos, y la primera de este tipo en Cundinamarca y la tercera en Colombia con placa pública.
$600 mil es el costo promedio de las multas impuestas
Thursday, November 10, 2016
Alerta por pirámides y agiotistas
La pirámide DMG regresó a Sesquilé y aparecen los primeros “gota-gota”. Las autoridades desconocen el asunto.
“El vivo vive del bobo”, dice el refrán y así lo constató la
ciudadanía sesquileña en 2008 cuando el gobierno intervino a estas empresas ilegales
que ofrecen ganancias rápidas a costa del dinero ajeno en forma organizaciones piramidales
que tarde o temprano se caen por su propio peso.
Algunas personas se beneficiaron con este fraude: quedaron
con bienes y dinero a costa de muchas otras que perdieron los ahorros que
tenían.
El caso es muy reciente y la ambición o la necesidad no
deberían ser cómplices de esta modalidad, pero la falta de ingresos y el modelo
del dinero fácil y rápido que instauró Pablo Escobar hacen que este tipo de
ofertas proliferen en municipios como Sesquilé.
La mafia gota-gota
Si los bancos son usureros y pueden llegar a embargar sus
propiedades, los gota-gota no tienen problema en secuestrar o incluso asesinar. En diciembre pasado, fueron asesinados en México varios colombianos
dedicados a esta modalidad de préstamo de dinero.
El simple sentido común, anulado por las supersticiones, las
creencias, las necesidades y la ambición, debería servir para que una persona entienda que
ninguna oferta del 100% y hasta el 200% en intereses puede ser legal o
sostenible. Las garantías que ofrecen son, sin lugar a duda, un fraude e
incluso un peligro como en el caso de los prestamistas.
Los impresos en forma de billete contienen la imagen de
David Murcia y, según los ciudadanos, son repartidos por desconocidos
desde hace varias semanas sin que la ciudadanía denuncie y sin que las autoridades
tengan conocimiento.
En el papel aparecen los nombres de Álvaro Murcia y
Alejandra Guzmán, el mismo nombre de DMG con el NIT: 800264.878-4 y garantizan “seriedad
absoluta”.
Aunque las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto y
sus necesidades apremien, les recomendamos que no caigan de nuevo en esta
modalidad de estafa porque aunque usted logre beneficiarse por casualidad, le está
robando indirectamente a otro y puede llegar a perderlo todo.
Lo mejor es no endeudarse, pero en caso de necesitar dinero
acuda a las entidades legales que le puedan ofrecer un abanico de beneficios y
garantías y en la medida en que usted tenga la posibilidad de responder.
Monday, November 07, 2016
En Sesquilé la tierra no produce, pero valdrá más
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Panorámica del casco urbano desde la torre de Movistar*.
Cortesía: Humberto Martínez |
Hoy el municipio vale $209 mil millones, con la actualización catastral la cifra aumentará significativamente y más comercialmente. El aumento tributario impactará el bolsillo de todos los propietarios.
El inventario físico que inició en septiembre determinará el
valor del metro cuadrado en los diferentes sectores y a más tardar el 10 de
diciembre próximo el Municipio tendrá la cuantificación catastral y el rango de
los avalúos.
El Concejo Municipal tendrá que analizar el impacto del incremento
tributario para determinar el manejo que se le dará a las
tarifas, los plazos y los incentivos para el pago del predial que regirá a
partir de 2017.
“Socialmente habrá un impacto para todos. Tocar el bolsillo
no es fácil, pero la norma es obligatoria. La gente está acostumbrada a que
entre menos pague es mejor, pero a la
hora de vender piden el triple. Es necesario apretar por las condiciones
económicas del Municipio porque esto beneficia los ingresos de recursos
propios”, explicó el secretario de Hacienda municipal, Adrián Rodríguez.
Norma aplazada
Sesquilé lleva un retraso de 12 años en su actualización
catastral, en contra de la Ley 1450 de 2011 que ordena un periodo mínimo de 5
años. Por esta omisión el golpe será más fuerte. La última debió hacerse entre 2008 y 2010, pero ni el entonces (y actual)
alcalde Uriel Robayo, ni su sucesor Ricardo Cortés ordenaron su ejecución para
librarse del costo electoral que acarrea tocar el bolsillo de los
contribuyentes.
Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación no puede
tener más plazos, no solo por las sanciones fiscales y disciplinarias, sino porque el Estado le exige a los municipios ser cada vez más
autosostenibles con ingresos propios, situación que se suma al recorte de las
transferencias que el Gobierno Nacional hace para asumir los gastos del
“postconflicto”, así hayan votado “No” en el plebiscito, como en el caso de un
pueblo sin violencia como Sesquilé.
De la papa a las piscinas
climatizadas
Las veredas con mayores cambios en el uso del suelo son
Chaleche, San José y Tierra Negra, donde las parcelas dedicadas al cultivo han
sido sustituidas en la última década de manera voraz por fincas de recreo con
“mansiones” que poseen incluso piscinas climatizadas. Un relevo de campesinos
que se fugan a la urbe en busca del progreso por adinerados que huyen del caos
de la Capital.
El Secretario de Hacienda confirma que el arraigo de los
sesquileños ha disminuido: “pocos quieren cultivar y por el contrario muchos
quieren vender”. Y es que desde que la agricultura dejó de ser sustento y se agravó por la apertura de los Tratados de Libre Comercio las nuevas generaciones no
pueden, por más que quieran, mantener la despensa agrícola que fue Sesquilé
durante décadas con cultivos de cebada, papa, trigo, avena y frutales. ¡Ya
nadie quiere ser campesino, a todos se les exige tener un cartón colgado en casa!
“En Chaleche son contadas las personas nativas, ahora la
mayoría son finqueros. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial modificó en
2011 el suelo de esa zona como fincas campestres y hoy el polígono de
afectación es mayor”, indicó el encargado de las finanzas municipales.
Proceso
La Ley determina que el porcentaje mínimo del valor del avalúo
debe ser mínimo del 60% del valor comercial, es decir que el avalúo de un
predio de $100 millones no puede ser menor a $60 millones. El valor del avalúo
será determinado de acuerdo a los datos que arrojen la visita de los
funcionarios del IGAC a cada uno de los predios: inventario físico, verificación
de linderos, modificaciones e incorporaciones en las construcciones, compras,
hipotecas, créditos, vías de acceso, servicios públicos, fuentes hídricas,
zonas de reserva y su comparación con las tarifarias de las tablas
establecidas.
$9 millones 160 mil es el promedio del valor por hectárea en el Municipio
$100 millones puede llegar a costar la fanegada en la vereda San José
