Sunday, November 20, 2016

 

La politiquería se descaró con el Hospital de Sesquilé


A la fecha han sido retiradas 20 personas, una de ellas a menos de 10 meses de su jubilación. La actual gerencia cambió la modalidad de contratación que los deja sin condición laboral y como simples afiliados de un sindicato, sin derecho a reclamos.

Los trabajadores o "afiliados" al Hospital tuvieron que pagar $80 mil por la chaqueta que lucen en la foto, durante la visita del Gobernador. Foto: suministrada.

20 personas que laboraban en el Hospital San Antonio de Sesquilé fueron removidas de sus funciones durante la presente gerencia y sin derecho a reclamar porque ya no son trabajadores sino “afiliados participes” como lo dicta la nueva forma de contratación impuesta: la figura de contrato sindical. Lo peor es que está avalada por la Ley.

El caso más notable es el de María Florinda Pinzón, Marujita, que trabajó por más de 26 años al servicio del Hospital y fue retirada a solo 10 meses de solicitar su jubilación y a menos de un año para el retiro por edad.

Ella junto con Marcela Mellizo, con 10 años de trabajo, y Francy Mellizo, con tres, fueron retiradas porque se les olvidó hacer aseo después de todo ese tiempo de mantener limpias las instalaciones de su segundo hogar, según los motivos para el retiro por parte de la gerente Sonia Piedad Montero Díaz.

Los desvinculados relatan que la gerente llegó con mala actitud, con acoso laboral y actitudes de humillación, recorte salarial y promesas incumplidas. “Se acabó el ambiente laboral sano”, dicen. La mayoría denuncian que fueron reemplazados sin previo aviso, obligados a trabajar un fin de semana gratis, les recortaron el pago y les hicieron descuentos como si se tratara de una feria de “logros alcanzados” en los que se juega el sueldo, cuando a la vez les negaron el suministro y la dotación de implementos para ejercerlas.

“Para la visita del Gobernador (30 de julio) nos exigieron limpiar lo más visible con hipoclorito y el resto con jabón porque no alcanzó para más, luego fotografiaron lo que no quedó bien aseado y lo usaron de prueba para demostrar que no éramos eficientes”, dice una de las afectadas de servicios generales.

Aseguran que la gerente Montero Díaz le cerró la cara en la puerta a uno de los muchachos que le rogó para que no lo despidiera y dio la orden de prohibir el ingreso al Hospital a los desvinculados.

Según describen los “exafiliados”, como en un reality comenzaron a grabar todo con celular para llenar los informes, incluso grabaron el llanto de uno de los trabajadores cuando supo que fue despedido. “La gerente habla de implementar un programa de Humanización y ni siquiera sabe lo que eso significa, no la aplica con el personal”, manifestaron los denunciantes y sostienen que la gerente afirma que: “no le tiene miedo a los concejalitos del pueblo”.

Este medio quiso conocer la explicación de la gerente, pero después de un largo rato de espera y de dejarle nuestro contacto para ser atendidos no fue posible por sus múltiples ocupaciones.

Además del aumento de trabajo y la reducción de los honorarios, los nuevos trabajadores o “afiliados” son conminados a comprar una chaqueta que cuesta 80 mil pesos y a pagar 14 mil pesos del carné, contrato que tiene la hermana de un servidor municipal y a la que, al parecer, le estarían diligenciando otro como “afiliada” del Hospital. ¡Un muy mal ejemplo de nepotismo sobre la vulneración de los derechos de los trabajadores!”

Sonia Piedad Montero Díaz, gerente del Hosítal San Antonio de Sesquilé.
Foto tomada de internet.

Contrato sindical
A pesar de las denuncias constantes sobre las injusticias y abusos de las cooperativas de trabajo asociado el Gobierno continúa permitiendo el deterioro de las condiciones de los trabajadores, que como en el Hospital de Sesquilé ya no pueden ostentar ni siquiera esa calidad sino la de simples afiliados, sin contrato, sin derechos, sin nada.

Desde el 12 de abril pasado, la gerente Montero Díaz contrató con la Asociación Nacional Sindical Gremial de Trabajadores Asociados de las Cooperativas de Trabajo Asociado, Asocta, con NIT 900.532.715-5 con el fin de remplazar a los empleados “por las cuotas burocráticas que debe cumplirle al diputado Edgar Mayorga”, según comentaron varios de los que participaron en el pasado proceso electoral y que por obvias razones piden la reserva de su identidad.

Al parecer los desvinculados no fueron informados del cambio de vinculación laboral, todos siguen hablando de prestación de servicios con una cooperativa cuando en realidad fueron pasados como afiliados a un sindicato: “De Asocta nos hablaron maravillas, nos pintaron pajaritos en el aire, que nos darían bonos, servicios médicos, descuentos, tablets y hasta nos prometieron una gafas Ray-Ban y al final no cumplieron con nada, nos sacaron y todavía nos deben el último sueldo”, denunciaron a este medio. A una de ellas le deben desde hace seis meses.

En el caso de los servicios generales aseguran que la señora Magnolia Karín Feria Bello "de la Cooperativa” les explicó que “el pago era por servicio y no por horas” y tuvieron que cumplir con todos los oficios en solo cuatro horas al día, por lo que en octubre solo recibieron 300 mil pesos de sueldo, salario, honorarios o como le llame la ley ahora.

“Las afiliadas participes responsables de las áreas operativas vienen de conformidad a la entrega de sus informes teniendo inconsistencias y por ende hemos venido ocasionando un perjuicio a la entidad hospitalaria por lo anterior se realizó un descuento del 10% del servicio.”, explica el acta que resultó de la citación de la Personería Municipal para conocer el conflicto.

Las trabajadoras o “afiliadas” recibieron capacitaciones que la Asociación no les permitió aplicar porque las acomodaron a los presupuestos del contrato No. 116 que, según indicaron, “se encuentra en estado de liquidación por agotamiento presupuestal”, cuando a su vez el contrato más reciente, suscrito el pasado 3 de octubre, por concepto de "Prestación del servicio parcial en el área asistencial y por brigadas de aseo general y desinfección de superficies de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé" tiene un monto de 30 millones 274 mil 320 pesos".

Tras la reunión con la Personería se comprometió a devolver los 80 mil pesos, pero reprochó a las afectadas por la valentía de haber denunciado ante ese ente defensor de derechos.

 Indolencia
Además de sacar a las personas que amaron durante años su vínculo con el Hospital San Antonio sin consideración, el personal afirma que así mismo se deshicieron de una máquina para procesar agujas, que no se usó y costó más de 20 millones de pesos, una procesadora de rayos adquirida hace menos de tres años, equipos biomédicos dados de baja en el Plan Martillo, y camillas,  máquinas de escribir, computadores, colchones, colchonetas, y 60 pupitres todos tirados al lote contiguo, a la intemperie. “Esos pupitres los cuidamos como si fueran nuestros porque allí nos reuníamos y celebrábamos las fechas especiales”, dijo una de ellas.

Como si fuera poco, aseguran que el oficio que antes hacía una sola persona ahora ha aumentado a tres, cuatro y hasta cinco, por lo que se ve un hacinamiento en las oficinas, en su mayoría con personal foráneo, desconociendo al personal capacitado del Municipio.

Politiquería y corrupción
Detrás de todo esto está el manejo politiquero que se tomó a las instituciones públicas en todo el país desde hace tiempo, pero que ya llegó a niveles indolentes de contratación.

Los trabajadores, prestadores de servicios y ahora “afiliados” se sometieron al deterioro de sus condiciones laborales por la necesidad de trabajo a través de las figuras de intermediación laboral que los congresistas decretan para los trabajadores mientras ellos reciben incrementos, primas y otros beneficios extralegales como es la repartición de la torta burocrática; condiciones que respaldan las Cortes y aprueba y aplica el Estado.

El diputado Edgar Mayorga acompañando al actual gobernador 
Jorge Rey durante su campaña.
Contratación con sindicatos
Según el Mapa de riesgos contractuales y presupuestales de los territorios de la Auditoria General de la República, emitido en octubre de 2015, la contratación con las cooperativas de trabajo asociado y similar que se utiliza para vincular personal misional permanente se encuentra prohibida desde la expedición de la ley 1450 de 2011, de conformidad con el contenido de la sentencia c-901 de 2011.

“Al respecto, vale la pena llamar la atención del aumento significativo de esta clase de contratistas, toda vez que se podría ver comprometida la razón de ser de los sindicatos en su actuar teniendo en cuenta los vínculos contractuales con las entidades territoriales el total de la contratación es de 2843 contratos por $743.139.946.848.”, dice el informe.

El mismo advierte que Asocta es una de los 154 “sindicatos” que hay en el país y que en particular recibió 17 contratos durante este año por valor de 2 mil 515 millones 999 mil 997 pesos.

Así mismo reveló que el aumento de la contratación directa en Cundinamarca aumentó en 81% (21% más frente al 2014) mientras la licitación pública disminuyó en un 12% (-13%) con lo que se incumple con el principio de transparencia en el gasto público.

“Desdibujar el verdadero sentido de la contratación directa como en efecto está sucediendo, conlleva riesgos que afectan la debida modalidad de contratación, transparencia, pluralidad de oferentes y por supuesto podrían aumentar el valor de los contratos. Este aumento genera por ende que la modalidad de licitación pública año a año disminuye contrariando todos los principios de la selección objetiva.”, dice el reporte de la Auditoría.

Es irónico que se desmejore el pago al personal y la racionalización de los recursos, cuando la rendición de cuentas del hospital de mayo de 2015 indicó que la ESE superó las metas de facturación por venta de servicios de salud en un 29%. “En efecto, a 31 de diciembre la entidad ha facturado por concepto de venta de servicios de salud, la suma de $ 2.461 millones frente a una programación inicial de $1.914 millones. La facturación total por ventas de servicios de salud registradas en el año 2014 creció un 12% frente al del año 2013. En todos los conceptos se presenta un incremento, con excepción de los servicios a la población pobre no afiliada –PPNA – RECAUDOS.

Igual lo es el objetivo de racionalización del gasto como parte del plan de gestión del riesgo cuando en estos se comprometió el 85% del presupuesto definitivo, la ejecución de funcionamiento llegó al 87% y el rubro con mayor nivel de ejecución fue el de gastos de operación comercial cuyo presupuesto se ejecutó en un 97%.

Conozca en la próxima publicación el pronunciamiento de la Personería Municipal sobre este caso.

El hospital tiene más de 75 trabajadores o “afiliados” y 19 trabajadores de planta para atender 22 dependencias y 19 camas.


Retirados:
1 Fabián Bohórquez, Talento humano
2 Daniel Remolina, Sistemas
3 Liliana Muñoz, secretaria
4 Marcela Romero, psicóloga
5 Yerli Tabares, Referencia
6 Johnatan Gamba
7 Josué Forero, glosas
8 Orlando Moreno, jurídico
9 Ivón Vargas, planeación,
10 Nelson Mancera, referencia
11 Patricia Latorre, glosas
12 Yolanda Prieto, área de contratación
13 Cristina Muñoz, fisioterapeuta
14 Germán Iván García, jefe de enfermería
15 Miguel Ángel Rojas, auxiliar de enfermería
16 Angélica Ríos, servicios generales
17 Hernán Piñeros, ingeniero de sistemas
18 María Florinda Pinzón
19 Claudia Marcela Mellizo
20 Francy Mellizo

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