Tuesday, November 22, 2016
Marido de Jueza de Sesquilé también amedrenta
Con comentarios por las redes sociales, Freddy Castro Victoria, cónyuge y
apoderado de la Juez de Sesquilé, amedrenta a las personas en su libre
expresión.
Por Aldemar Solano Peña
Director periódico Garabatos
Algunas personas de Sesquilé que
comentaron la publicación del periódico Garabatos del pasado 12 de noviembre: Denuncian acoso y matoneo por parte de Juez de Sesquilé, se vieron obligadas a eliminar sus comentarios en Facebook
porque se sintieron amedrentadas por Freddy Castro Victoria, cónyuge de la Juez
y quien dice actuar como su apoderado.
«La invito a que cuide su
lenguaje antes de proferir improperios por esta via que para su conocimiento
serán sometidos al conocimiento judicial», respondió Castro (sin tilde en vía) a uno de los comentarios de una de
las personas que se pronunció sobre el caso de la Juez.
Con este tipo de comentarios, el
abogado Castro se atrevió a coartar la libre expresión de personas del común
que tienen derecho a ejercerla desde su opinión personal y con sus propias
palabras. Se vale del argot jurídico para atemorizar a un pueblo, por
idiosincrasia temeroso de la denuncia y de la misma Justicia, cuando es deber
de los que la administran promover el ejercicio de las herramientas legales y
constitucionales y hacerlas cumplir
donde quiera que haya arbitrariedad.
También le queda muy poco ético
al señor Castro Victoria amenazarme en mi perfil personal de Facebook, cuando
sobre una publicación de un compromiso por cumplir en la ciudad de Armenia
escribe: «Pronto de regreso ya sabe a
qué» ¿A qué abogado? No sé a qué se refiere. ¿Me está amenazando? Sin embargo, para
que no alegara que huí de la población le contesté: «La señora
Juez tiene mi número y estuvo parada frente a mi casa el miércoles en la mañana,
tuvo la oportunidad de atenderme y dar su versión que con gusto estuve presto a
escuchar, pero si prefiere el desgaste burocrático en la Fiscalíia, que no ha
resuelto el robo de los cuadros del Templo, ni los homicidios de Muerte ni del
fundador de la “comunidad muisca” etc… pues que así sea.»
A lo anterior el señor Castro
Victoria agregó: «Se le informó que acudiera a la Oficina Jurídica y de Prensa
del Consejo Seccional de la Judicatura quienes tienen la competencia para
atender a personas que como usted ejercer la profesión del periodismo y usted
no lo hizo y en contrario requirió respuestas sin que usted este revestido de
capacidad jurídica frente a un servidor público…»
En esa afirmación miente el señor
abogado. ¿Cuándo me informaron sobre eso? ¿Quién se supone que me informó? ¡Muéstreme
el recibido! No mienta, abogado. Esa es una costumbre muy fea. Además estoy
seguro que en los despachos que él menciona no tienen respuesta al presunto
matoneo hacia los escribientes ni sobre los improperios que al parecer pronunció
su cónyuge contra el Municipio, según las denuncias en su contra.
Está muy equivocado el abogado
Castro Victoria al suponer que debo ostentar alguna investidura para hacer
preguntas. Ese es mi oficio: preguntar. Y como ciudadano puedo opinar. Y como
sesquileño me siento llamado a defender a mis paisanos y la honra de mi pueblo.
Esa investidura me la da la libre expresión y la búsqueda de la verdad como ser
humano que habita en este país y en este planeta. Aunque lejos de ser óptima,
estamos en una democracia y no en una dictadura.
En cuanto al subrayado del quinto
párrafo anterior, le pregunto a la Juez: ¿Qué hacía parada frente a la casa de
mi familia la mañana del miércoles 16 de noviembre? ¿Por qué no tocó el timbre?
¿Por qué observó hacia adentro e inmediatamente se alejó e hizo una llamada por
su celular? El testimonio de la persona que la vio puede servirme como prueba
de un acoso, de persecución o posibles represalias contra mi familia. ¡Eso
puede ser de mucha gravedad!
El profesional de las leyes,
Freddy Castro Victoria puede llamarme «amorfo y neófito del derecho», no lo voy
a negar, lo soy. No estudié Derecho, profesión que respeto porque conozco a
muchos que la ejercen con ética, pero me valgo del sentido común, del uso de
razón, de la sed de conocimiento y de una búsqueda constante de lo más cercano
a la verdad para actuar en mi oficio y tratar de construir un «buen nombre» que
al final de mi existir será lo que deje.
Y sí, estimo que la justicia no
funciona, no es diligente y no es justa en muchos casos. Lo invito a que compre
y lea mi libro: Boleta de Captura, el
fiasco de la Fiscalía (2011), allí hago una exposición suficiente. Son incontables los casos en Colombia para
demostrarlo: desde Gaitán y su defensa en el caso del periodista Galarza Ossa
hasta el asesinato de Jaime Garzón. ¡Impunidad constante!
El señor Castro Victoria debería
conocer, como presume de sus estudios en Derecho, que a un ciudadano que ejerce
el oficio de la información se le debería responder con argumentos a las
preguntas sobre las acusaciones que terceros confiaron (bajo la reserva de la
fuente), para lo que le recomiendo releer o conocer, si aún la desconoce, la
Sentencia T-298/09 sobre los deberes constitucionales de los Medios de
Comunicación, que recalca: «cuando una persona ha decidido voluntariamente
convertirse en un personaje público o cuando tiene el poder de administrar de
alguna manera el poder del Estado, tiene el deber de soportar mayores críticas
y cuestionamientos que una persona del común que no ostenta poder público
alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio público».
Amedrentamiento
En cuanto a algunos de los comentarios
de Castro Victoria en las redes sociales le indico lo siguiente para que
aumente su conocimiento, que finalmente eso es lo que diferencia nuestro
cerebro del de los demás seres vivos:
«No ser abogado hace facil la
tarea del periodismo». A fácil le
hace falta la tilde, ser abogado debería hacerle fácil la tarea de redactar correctamente, además le informó que para ejercer la tarea del periodismo
no se requiere título de Derecho, ni siquiera Tarjeta Profesional pues en Colombia «se considera como una
actividad de libre ejercicio, por lo que su desempeño no requiere del
cumplimiento de requisitos específicos o de la expedición de tarjetas o de
licencias para tal efecto.», según el concepto Jurídico 513825.
Le recomiendo al abogado Freddy que
revise el Estatuto del Periodista, que
reemplazó la Ley 51 de 1975, que con ponencia del magistrado Carlos Gaviria
amparó así la libertad de prensa. En cuanto a la idoneidad y a la ética que a
me obligan, tengo para respaldarla con 18 años de experiencia de irreprochable
ejercicio de este oficio que es mi pasión de vivir y del que pueden dar fe los
medios que me han permitido ejercerlo.
El abogado y su cónyuge, esposa o
compañera permanente y defendida no pueden alegar populismo, ni siquiera
interés particular o económico de mi parte pues, en primer lugar los
denunciantes no son allegados míos, ni siquiera paisanos o residentes en el Municipio
y mucho menos recibo pauta publicitaria en el blog Garabatos, o pasquín como lo considera, como antes sí se
hacía como medio impreso.
Esta aclaración debe ser tenida
en cuenta por la autoridad competente sobre la actuación de la funcionaria,
sea la Sala Disciplinaria del Tribunal
de Cundinamarca o a quien le corresponda, para que no sea incriminado el medio
de comunicación que pone en evidencia una presunta falta a la actuación ética
de una servidora pública, sino que se escuche a los afectados que buscaron a
este medio para manifestar su vulneración y se proceda a investigar y a velar
por la defensa de sus derechos.
Castro Victoria se contradice al responder
a un comentario de una ciudadana: «consulte
al periodista aldemar solano peña» (en minúsculas) y a renglón seguido agrega: «Quien debe
probar ante las autoridades judiciales el presunto matoneo y acoso laboral que
denuncia irresponsablemente”.
En esta afirmación el abogado determina
irresponsabilidad de mi parte desconociendo mis fuentes, documentos o soportes
con los que protejo mi profesionalismo, por lo que claramente está incurriendo en el
delito de calumnia. Es él el que debe probar que la publicación es
irresponsable y no revertir la carga de la prueba al ofendido. Lo invito a que
revise sus apuntes universitarios sobre el onus
probandi.
Ahora, cuando usted se notifica
mediante un comentario público a través de las redes sociales, con su nombre,
cédula y Tarjeta Profesional, «obrando en representación judicial según poder
otorgado» por su cónyuge y me cita a una «reunión extrajudicial», de inmediato
me da la razón en la solicitud que le hice a la señora Juez en su despacho con
antelación a la publicación de la nota, que tenía como propósito conocer su
versión de los hechos. Es decir, la Juez se rehusó a recibirme y ahora que
estoy a más de 300 kilómetros de distancia me acusa de no asistir a una reunión
donde asume que debí revelar mi discreción profesional.
Se confunde el abogado en el
ejercicio de su profesión al citarme por redes sociales a una reunión
«extrajudicial» que carece de carácter de obligatoriedad y al considerar que le
revelaré la reserva que me ampara la Ley, más sagrada que el secreto de
confesión, pues el miedo de los denunciantes a las represalias es latente,
máxime si algunos de ellos ya recibieron llamadas de la implicada tras la
publicación; soportes que solo en última instancia demostraré ante la autoridad
superior disciplinaria de su defendida y con acompañamiento de la Fundación
para la Libertad de Prensa.
En este punto, además de atropellar
el arte de la redacción, Castro Victoria comete el delito de injuria al
reprochar mi actuación: «instancias que usted omitió de manera irregular e
ilegal consultar, para cumplir con su papel de periodista, sin invadir derechos
personalísimos tutelados por la constitución política, la Corte Constitucional
y los tratados constitucionales, como el respeto a la dignidad humana, que el
periodismo no puede conculcar o violentar suplantando como particular funciones
asignadas a las autoridades de la república…»
No le voy a dar clases de
redacción gratis al profesional Castro, por eso me tendría que pagar, pero en
lo que logro deducir de ese escrito mal redactado y sin mayúsculas, parece que
apoyara la idea de que solo su cónyuge, como funcionaria de la República (con
mayúscula) es la única que puede valerse de su autoridad para invadir los
derechos de sus empleados y de irrespetar su dignidad humana.
En cuanto al buen nombre, la
funcionaria debió preservarlo en todo momento. Incluso en el trato hacia sus
escribientes, pues en síntesis, en eso consiste la denuncia de la publicación
del pasado 12 de noviembre. ¿Cómo puede un funcionario exigir «buen nombre» si
varios testimonios dan cuenta de lo contrario? El buen nombre no se exige con
tutela, se gana con una trayectoria intachable y un comportamiento ejemplar como
ser humano y eso es lo de lo que al parecer carece la funcionaria, según los
ofendidos.
No me invierta la carga de la
prueba, abogado Castro Victoria. No me devuelva los cargos de matoneo, de
vulneración de derechos y de intromisión en la vida privada, que según las
denuncias, es su defendida la que ha cometido todas estas faltas. No silencie
la búsqueda de la verdad, no amedrente con argot leguleyo mal redactado el
ejercicio de la libertad de expresión y el anhelo de la verdadera justicia.
Eso no le queda bien a un
defensor, titulado y con tarjeta profesional como a usted. ¿Qué dirán sus
decanos? Otra de las acusaciones, que omití en la publicación, es que usted
hace uso de las instalaciones y los equipos del Juzgado de Sesquilé. Eso no es
ético, señor profesional. Eso se llama peculado, abogado.
Amenazas
El abogado Castro debe demostrar que su
defendida «ha recibido agresiones e improperios contra su honra», como al parecer los
cometió contra sus escribientes, aunque conociendo la tranquilidad de los
sesquileños dudo de la veracidad de su afirmación. Mis paisanos no tienen
espíritu belicoso, de lo contrario, se hubieran manifestado con carteles a las
afueras del despacho exigiendo el traslado de su defendida. Es lo más honroso que podría hacer.
Es más, le informo que a raíz de la publicación, son muchos más los que se
acercaron a expresarme su inconformismo con el actuar de la servidora pública, que devenga del erario que se alimenta con el pago de los impuestos de la gente trabajadora.
Manifestaron que muy pocas veces acude al despacho y que es usted el que «hace
y deshace» en la oficina en la que ella funge como titular.
Esta pareja de representantes de
la Ley pareciera ser una muestra del deterioro de la confianza del ciudadano
del común en las instituciones, especialmente en la Justicia en un país sediento
de este principio que ha sido anhelo de la civilización a lo largo de la
historia.
Tutela
El pasado lunes, 21 de abril, fui
notificado telefónicamente por una mujer que aseguró ser la secretaria del
Juzgado de Chocontá, de la admisión de una tutela en mi contra, que al parecer
allegarán a la residencia de mi familia en Sesquilé y a la que deberé dar
respuesta en menos de tres días aunque a la fecha no la conozco.
Le aclaré a la secretaria que no
tendré la posibilidad de acceder a esos folios si el aparato judicial no se
encarga de hacérmela llegar hasta el lugar donde resido, en Pereira, Risaralda,
pues no es deber de mi familia entrar en gastos o diligencias que le competen
al Estado.
Por cuestiones obvias de
seguridad y luego de constatar el amedrentamiento ejercido por el abogado
Castro Victoria a través de las redes sociales, no me siento en la confianza de
suministrar la dirección de mi residencia.
Por último, considero inconcebible
que los recursos del Estado se ocupen de manera expedita en la defensa del
«buen nombre» de la representante de la Justicia en Sesquilé, sin que prime la
investigación de las acusaciones en su contra y no ejerza la misma agilidad y
transparencia con casos urgentes para la resolución de conflictos o delitos
graves a los que acude a diario el ciudadano del común.
# posted by Aldemar Solano Peña @ 7:05 PM 
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