Thursday, November 08, 2007
Guillermo y Rubiela coautores del delito de peculado culposo: Corte Suprema de Justicia
El ex alcalde José Guillermo Gómez Mancera y la actual alcaldesa Elsa Rubiela Vega Rodríguez no podrán ejercer funciones públicas en el término de seis meses, según lo decidió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo se produce por los hechos ocurridos hace 9 años, cuando el 27 de enero de 1998 los entonces alcalde y tesorera constituyeron tres certificados de ahorro a término fijo en la entidad Credisocial de Suba, por valor total de 130 millones de pesos, la cual fue intervenida seis meses después por la Superintendencia Bancaria, reintegrando una parte y quedando el saldo de $46.607.125,22.
El 13 de octubre de 1999, en razón de tales hechos, la Contraloría de Cundinamarca inició un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde y la tesorera, en el que se ordenó el embargo preventivo de los derechos que el alcalde tenía sobre un inmueble localizado en Facatativá. El 16 de agosto se ordenó la apertura de juicio fiscal en su contra. A esta determinación se interpuso recurso de reposición, el que fue concedido y resuelto confirmando el auto recurrido. El 28 de diciembre de 2001 la Dirección de Investigaciones de la Contraloría declaró responsables fiscales al alcalde y a la tesorera por el monto actualizado de 278 millones de pesos. Contra esta determinación se interpusieron los recursos de reposición y apelación. El primero fue resuelto el 14 de junio de 2002 y el segundo el 11 de septiembre de 2002. En los dos casos se confirmó la declaratoria de responsabilidad fiscal. La notificación del último pronunciamiento se cumplió el 17 de octubre de 2002. El 5 de diciembre de 2002 Guillermo y Rubiela instauraron acción de tutela contra la Contraloría de Cundinamarca, órgano que solicitó negar el amparo constitucional invocado por los accionantes. El 14 de enero de 2003, el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá negó la tutela invocada. El 26 de febrero de 2003, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y tuteló, como mecanismo transitorio, el derecho al debido proceso de los actores. El 14 de diciembre de 2004 como coautores del delito de peculado culposo se les condenó a las penas principales de 10 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación de derechos y funciones públicas de manera indefinida excluyéndolos de la pena privativa de la libertad. Finalmente, el pasado 17 de octubre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió casar parcialmente el fallo impugnado por valor del segundo cargo procedido en lo relacionado con la sanción de inhabilidad constitucional intemporal en contra de Guillermo y Rubiela como coautores del delito de peculado culposo, para en su lugar fijar la interdicción legal por el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de seis meses. Por ahora la actual alcaldesa espera la notificación del fallo o la aceptación de su renuncia, presentada en los primeros días de noviembre ante la Gobernación.
Reacción
Los dos implicados concuerdan que jamás actuaron de mala fe al depositar ese dinero en Credisocial porque lo único que se buscó era el interés que pagaba esa corporación sin imaginar que ésta llegaría a ser intervenida.
Guillermo Gómez: “Es injusto pero acato la decisión de la ley. Lo lamento por Rubiela por todo lo que ha tenido que sufrir durante su vida y este problema que ahora se suma. Pediré la aclaración del fallo y negociaré con el municipio y con el nuevo alcalde el acuerdo de pago”
Rubiela Vega: “Tengo mi conciencia tranquila. Hay que acatar las leyes y le pido a Dios que me dé más años para seguir trabajando para poder pagar esa multa. Creo en Dios y sé que por algo suceden las cosas”
El fallo se produce por los hechos ocurridos hace 9 años, cuando el 27 de enero de 1998 los entonces alcalde y tesorera constituyeron tres certificados de ahorro a término fijo en la entidad Credisocial de Suba, por valor total de 130 millones de pesos, la cual fue intervenida seis meses después por la Superintendencia Bancaria, reintegrando una parte y quedando el saldo de $46.607.125,22.
El 13 de octubre de 1999, en razón de tales hechos, la Contraloría de Cundinamarca inició un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde y la tesorera, en el que se ordenó el embargo preventivo de los derechos que el alcalde tenía sobre un inmueble localizado en Facatativá. El 16 de agosto se ordenó la apertura de juicio fiscal en su contra. A esta determinación se interpuso recurso de reposición, el que fue concedido y resuelto confirmando el auto recurrido. El 28 de diciembre de 2001 la Dirección de Investigaciones de la Contraloría declaró responsables fiscales al alcalde y a la tesorera por el monto actualizado de 278 millones de pesos. Contra esta determinación se interpusieron los recursos de reposición y apelación. El primero fue resuelto el 14 de junio de 2002 y el segundo el 11 de septiembre de 2002. En los dos casos se confirmó la declaratoria de responsabilidad fiscal. La notificación del último pronunciamiento se cumplió el 17 de octubre de 2002. El 5 de diciembre de 2002 Guillermo y Rubiela instauraron acción de tutela contra la Contraloría de Cundinamarca, órgano que solicitó negar el amparo constitucional invocado por los accionantes. El 14 de enero de 2003, el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá negó la tutela invocada. El 26 de febrero de 2003, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y tuteló, como mecanismo transitorio, el derecho al debido proceso de los actores. El 14 de diciembre de 2004 como coautores del delito de peculado culposo se les condenó a las penas principales de 10 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación de derechos y funciones públicas de manera indefinida excluyéndolos de la pena privativa de la libertad. Finalmente, el pasado 17 de octubre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió casar parcialmente el fallo impugnado por valor del segundo cargo procedido en lo relacionado con la sanción de inhabilidad constitucional intemporal en contra de Guillermo y Rubiela como coautores del delito de peculado culposo, para en su lugar fijar la interdicción legal por el ejercicio de derechos y funciones públicas en el término de seis meses. Por ahora la actual alcaldesa espera la notificación del fallo o la aceptación de su renuncia, presentada en los primeros días de noviembre ante la Gobernación.
Reacción
Los dos implicados concuerdan que jamás actuaron de mala fe al depositar ese dinero en Credisocial porque lo único que se buscó era el interés que pagaba esa corporación sin imaginar que ésta llegaría a ser intervenida.
Guillermo Gómez: “Es injusto pero acato la decisión de la ley. Lo lamento por Rubiela por todo lo que ha tenido que sufrir durante su vida y este problema que ahora se suma. Pediré la aclaración del fallo y negociaré con el municipio y con el nuevo alcalde el acuerdo de pago”
Rubiela Vega: “Tengo mi conciencia tranquila. Hay que acatar las leyes y le pido a Dios que me dé más años para seguir trabajando para poder pagar esa multa. Creo en Dios y sé que por algo suceden las cosas”
# posted by Aldemar Solano Peña @ 3:01 PM 
