Sunday, October 14, 2007
Barrio Pablo Muñoz es propiedad privada.
A la fecha deben al municipio más de 10 millones de pesos
A propósito del actual arreglo de vías que se realiza a ese barrio, se descubrió que la Gobernación y la Alcaldía estarían cometiendo presuntamente los delitos de peculado y celebración indebida de contratos porque el Barrio Pablo Muñoz, legalmente llamado “Condominio Sociedad Mutual Amigos de Sesquilé”, está en la misma calidad de un conjunto cerrado por poseer Reglamento de Copropiedad.
Hace 15 años nació la Sociedad Mutual Amigos de Sesquilé, que sobre un lote vendido al bajo precio de $6.500.000 por el señor Pablo Muñoz, prometía 100 viviendas de interés social a las personas más necesitadas de Sesquilé; los interesados trabajarían mancomunadamente en la construcción de las viviendas y en la infraestructura de los servicios, recibirían facilidades de compra en los materiales al por mayor y asesoría del Sena.
El Sena cumplió con su parte, aportando también clases de retroexcavadora y construyendo la primera etapa del alcantarillado.
Lo que los socios desconocían era la Constitución del Reglamento de Copropiedad en que fueron inscritas las escrituras de su nuevo barrio, el 13 de enero de 1994, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá. Este acto pondría a la “Mutuaria” al nivel de un conjunto cerrado o una propiedad privada en la que no sólo los usuarios tendrían posiblemente que cancelar mes a mes servicios de administración, celaduría e impuestos por zonas comunes, sino que además les impediría cualquier tipo de auxilio municipal o gubernamental. Tal vez desconociendo esta circunstancia, las administraciones municipales aportaron para el alumbrado, para el alcantarillado de la segunda etapa y en la construcción de una cancha deportiva en el 2002 cometiendo los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, al igual que la actual administración y el departamento con la actual pavimentación de vías.
Aunque éste acto se quiso enmendar en septiembre de 2000 con una asamblea de sólo 17 copropietarios, mediante la donación de un lote de Zona Comunal al municipio, jamás se hizo porque para ello se debe contar con, al menos, el 70% de los copropietarios, por lo cual le deberían a Sesquilé $10.255.227.oo por concepto de impuestos. De no ponerse al día el municipio estaría en la obligación a hacer cobro coactivo y embargar las zonas comunes.
De los 100 lotes, los de la primera etapa fueron vendidos a $150 mil c/u, los de la segunda etapa a mucho más y otros 21 de la tercera etapa por el rededor del millón de pesos (algunos de ellos escriturados y con promesa de venta a dos propietarios a la vez, a los cuales nunca se les devolvió el dinero) es decir que la ganancia del lote de 6 millones y medio sobrepasó posiblemente 5 veces su valor original; buena ganancia pese a que varios de los socios iniciales finalmente jamás lograron concretar su vivienda y tuvieron que vender sus lotes a personas que ya tenían casa en Sesquilé, y por el contrario perdieron el esfuerzo y el dinero invertido pero sólo cinco interpusieron demanda por estafa en Bogotá, caso trasladado luego para Chocontá y viceversa hasta que finalmente vencieron los términos.
Un certificado de la Sociedad Mutual de Amigos de Sesquilé, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá habría incurrido presuntamente en el delito de Falsedad en Documento Público al anotar una dirección falsa como se aprecia en la parte inferior: Cra.7 No. 13-52 Ofc.201, ya que la Calle 13 en Sesquilé no existe. En este mismo documento aparecen conformando la Junta Directiva del Condominio: Ricardo Augusto Gómez Mancera (representante legal), Manuel Segundo Maldonado Ligarreto, Patricia Sánchez Piedra, Miguel Garzón Jiménez, Luis Ángel González Rodríguez, y los suplentes Luis Ernesto Gómez Maldonado, Joaquín Hernando Muñoz y José Alberto Zabala. A nombre de esta sociedad, que sigue vigente, existirían otros Condominios similares en otras poblaciones según lo informó uno de los denunciantes que pidió la reserva de su identidad. Al consultarle a algunos de los miembros de la Junta reconocieron que sí colaboraron como requisito en los inicios para sacar el proyecto de urbanización adelante pero desconocían que la Sociedad se encontrara vigente y con sus nombres.
A todo esto se suma el enfado de una parte de la comunidad porque con las actuales obras, hace dos meses el contratista causó un corto que arruinó los electrodomésticos de 14 hogares sin que hasta el momento se les hayan reparado los perjuicios.En conclusión, el propósito de dar vivienda a los menos favorecidos de Sesquilé se incumplió, a los propietarios que ignoran su calidad de copropietarios se les habría estafado porque no se les presentaron las reglas como son, así como la buena fe de las Administraciones que han aportado al desarrollo del Condominio.
A propósito del actual arreglo de vías que se realiza a ese barrio, se descubrió que la Gobernación y la Alcaldía estarían cometiendo presuntamente los delitos de peculado y celebración indebida de contratos porque el Barrio Pablo Muñoz, legalmente llamado “Condominio Sociedad Mutual Amigos de Sesquilé”, está en la misma calidad de un conjunto cerrado por poseer Reglamento de Copropiedad.
Hace 15 años nació la Sociedad Mutual Amigos de Sesquilé, que sobre un lote vendido al bajo precio de $6.500.000 por el señor Pablo Muñoz, prometía 100 viviendas de interés social a las personas más necesitadas de Sesquilé; los interesados trabajarían mancomunadamente en la construcción de las viviendas y en la infraestructura de los servicios, recibirían facilidades de compra en los materiales al por mayor y asesoría del Sena.
El Sena cumplió con su parte, aportando también clases de retroexcavadora y construyendo la primera etapa del alcantarillado.
Lo que los socios desconocían era la Constitución del Reglamento de Copropiedad en que fueron inscritas las escrituras de su nuevo barrio, el 13 de enero de 1994, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá. Este acto pondría a la “Mutuaria” al nivel de un conjunto cerrado o una propiedad privada en la que no sólo los usuarios tendrían posiblemente que cancelar mes a mes servicios de administración, celaduría e impuestos por zonas comunes, sino que además les impediría cualquier tipo de auxilio municipal o gubernamental. Tal vez desconociendo esta circunstancia, las administraciones municipales aportaron para el alumbrado, para el alcantarillado de la segunda etapa y en la construcción de una cancha deportiva en el 2002 cometiendo los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, al igual que la actual administración y el departamento con la actual pavimentación de vías.
Aunque éste acto se quiso enmendar en septiembre de 2000 con una asamblea de sólo 17 copropietarios, mediante la donación de un lote de Zona Comunal al municipio, jamás se hizo porque para ello se debe contar con, al menos, el 70% de los copropietarios, por lo cual le deberían a Sesquilé $10.255.227.oo por concepto de impuestos. De no ponerse al día el municipio estaría en la obligación a hacer cobro coactivo y embargar las zonas comunes.
De los 100 lotes, los de la primera etapa fueron vendidos a $150 mil c/u, los de la segunda etapa a mucho más y otros 21 de la tercera etapa por el rededor del millón de pesos (algunos de ellos escriturados y con promesa de venta a dos propietarios a la vez, a los cuales nunca se les devolvió el dinero) es decir que la ganancia del lote de 6 millones y medio sobrepasó posiblemente 5 veces su valor original; buena ganancia pese a que varios de los socios iniciales finalmente jamás lograron concretar su vivienda y tuvieron que vender sus lotes a personas que ya tenían casa en Sesquilé, y por el contrario perdieron el esfuerzo y el dinero invertido pero sólo cinco interpusieron demanda por estafa en Bogotá, caso trasladado luego para Chocontá y viceversa hasta que finalmente vencieron los términos.
Un certificado de la Sociedad Mutual de Amigos de Sesquilé, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá habría incurrido presuntamente en el delito de Falsedad en Documento Público al anotar una dirección falsa como se aprecia en la parte inferior: Cra.7 No. 13-52 Ofc.201, ya que la Calle 13 en Sesquilé no existe. En este mismo documento aparecen conformando la Junta Directiva del Condominio: Ricardo Augusto Gómez Mancera (representante legal), Manuel Segundo Maldonado Ligarreto, Patricia Sánchez Piedra, Miguel Garzón Jiménez, Luis Ángel González Rodríguez, y los suplentes Luis Ernesto Gómez Maldonado, Joaquín Hernando Muñoz y José Alberto Zabala. A nombre de esta sociedad, que sigue vigente, existirían otros Condominios similares en otras poblaciones según lo informó uno de los denunciantes que pidió la reserva de su identidad. Al consultarle a algunos de los miembros de la Junta reconocieron que sí colaboraron como requisito en los inicios para sacar el proyecto de urbanización adelante pero desconocían que la Sociedad se encontrara vigente y con sus nombres.
A todo esto se suma el enfado de una parte de la comunidad porque con las actuales obras, hace dos meses el contratista causó un corto que arruinó los electrodomésticos de 14 hogares sin que hasta el momento se les hayan reparado los perjuicios.En conclusión, el propósito de dar vivienda a los menos favorecidos de Sesquilé se incumplió, a los propietarios que ignoran su calidad de copropietarios se les habría estafado porque no se les presentaron las reglas como son, así como la buena fe de las Administraciones que han aportado al desarrollo del Condominio.
# posted by Aldemar Solano Peña @ 1:55 PM 
